El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha disuelto oficialmente su unidad dedicada a investigar delitos relacionados con criptomonedas. La noticia sorprendió al sector este lunes (7), tras la filtración de un memorando interno firmado por Todd Blanche, vicefiscal general y figura cercana al presidente Donald Trump.
La Unidad Nacional de Cumplimiento de Criptoactivos (NCET), creada en 2021 bajo la administración de Joe Biden, deja de operar con efecto inmediato. Blanche justificó el cierre con duras críticas hacia el enfoque anterior:
“El Departamento de Justicia no es un regulador de activos digitales. La administración pasada adoptó una estrategia imprudente de regulación mediante procesos penales.”
Esta medida forma parte de un giro político más amplio. Según Blanche, la decisión responde a una orden ejecutiva firmada en enero de 2025 , en la que el presidente Trump estableció que el gobierno debía ofrecer claridad regulatoria sin obstaculizar la innovación. El mismo documento instruye a los fiscales a enfocar sus esfuerzos en “individuos que causan perjuicio a los inversores”, dejando de lado a plataformas como exchanges, mixers o monederos fríos.
A pesar del impacto generado por el anuncio, el Departamento de Justicia no emitió declaraciones públicas. La única comunicación oficial fue el propio memorando, que fue compartido con la prensa tras su publicación por la revista Fortune.
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Un legado clave en casos de alto perfil
La NCET jugó un papel relevante en los últimos años. Participó en investigaciones de gran visibilidad, como el caso de Tornado Cash —un mezclador de criptoactivos acusado de ocultar transacciones ilícitas— y en la detención de Avraham Eisenberg, implicado en el robo de más de 100 millones de dólares al explotar vulnerabilidades en un protocolo DeFi.
Además, la unidad realizaba un seguimiento continuo a grupos vinculados a Corea del Norte que utilizaban criptomonedas para lavar dinero proveniente de ciberataques.
El desmantelamiento de la NCET se suma a una serie de decisiones recientes del gobierno de Trump que han aliviado la presión regulatoria sobre la industria cripto. La Casa Blanca ya había ordenado a organismos como la SEC y la CFTC que moderasen su enfoque y colaborasen de forma más cercana con el ecosistema.
Asimismo, el propio presidente ha reforzado su postura a favor de Bitcoin. En marzo, por ejemplo, firmó una orden ejecutiva para la creación de una reserva estratégica de Bitcoin en Estados Unidos. También se reunió con ejecutivos del sector en Washington para debatir prioridades legislativas.
“Convertiremos a Estados Unidos en la superpotencia del Bitcoin y en la capital cripto del mundo”, declaró Trump durante el encuentro.
La decisión ha sido bien recibida por parte del ecosistema cripto. Inversores y empresas interpretan la medida como una señal clara de que Estados Unidos se encamina hacia un entorno más propicio para la innovación y el desarrollo tecnológico.
Sin embargo, expertos advierten que una menor fiscalización podría aumentar los riesgos para los consumidores y abrir la puerta a abusos, fraudes y estafas.
Más allá de las controversias, el mensaje del gobierno es contundente: las criptomonedas ya no son vistas como una amenaza, sino como una pieza clave dentro del plan estratégico nacional para liderar la próxima era digital.
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