Un grupo de senadores demócratas ha propuesto incluir ciertos protocolos DeFi en una «lista restringida», lo que permitiría al Departamento del Tesoro clasificarlos como demasiado riesgosos y aplicarles restricciones legales. Además, la propuesta plantea imponer reglas KYC incluso a wallets no custodiadas y reducir las protecciones legales para los desarrolladores.
El planteamiento ha sido duramente cuestionado por actores del ecosistema, que advierten que podría «matar las DeFi» en EE.UU. y empujar la innovación al extranjero.
El plan legislativo que amenaza el equilibrio entre innovación y supervisión
La iniciativa propone otorgar al Tesoro la facultad de incluir protocolos DeFi en una lista restringida si se consideran riesgosos, lo que podría criminalizar su uso o imponer sanciones a quienes los empleen.
También contempla la aplicación de normas de Know Your Customer (KYC) a las interfaces frontales de aplicaciones cripto, incluso aquellas sin custodia, como las wallets autocustodiadas.
Además, busca eliminar algunas de las protecciones legales existentes para los desarrolladores, haciéndolos potencialmente responsables por el uso que los usuarios hagan de sus protocolos.
La nueva propuesta entra en conflicto con el proyecto de ley RFIA, que busca equilibrar la supervisión regulatoria con la promoción de la innovación en el sector cripto y cuenta con apoyo bipartidista. Sin embargo, esta versión más restrictiva podría minar ese consenso y reavivar las divisiones políticas en torno a la regulación de las finanzas descentralizadas.
Reacciones y amenazas al ecosistema DeFi
Desde el sector cripto, abogados y líderes de asociaciones reaccionaron con preocupación. En una publicación en X, el abogado Jake Chervinsky calificó la propuesta como una medida que «no regula cripto, lo prohíbe», advirtiendo que su implementación podría sabotear todo el ecosistema tecnológico.
La Blockchain Association, a través de su CEO Summer Mersinger, criticó que la regulación propuesta haría imposible el cumplimiento para muchas empresas y castigaría la descentralización, empujando proyectos fuera de EE.UU.
Desde la Digital Chamber, su vicepresidenta Zunera Mazhar señaló que los legisladores deberían concentrarse en los verdaderos puntos críticos de uso ilícito en lugar de penalizar la innovación distribuida. A su juicio, las medidas son demasiado severas, ineficaces y conllevan el riesgo de trasladar la actividad hacia jurisdicciones más permisivas.
Una propuesta que desafía los cimientos de las DeFi en EE.UU.
Penalizar el uso de protocolos con ingresos recurrentes y clasificarlos como «restringidos» desincentivaría el desarrollo de nuevos proyectos y aumentaría el costo legal de emprender en el sector cripto dentro de Estados Unidos. En ese contexto, muchos desarrolladores optarían por lanzar sus productos en países con marcos regulatorios más flexibles.
La medida también busca imponer procesos KYC en los frontends de aplicaciones no custodiadas, lo que desafía directamente el principio de privacidad y autonomía que define al ecosistema DeFi.
Esto abre un debate técnico, legal y constitucional sobre los límites del poder gubernamental para regular las interfaces de software. Expertos advierten que imponer este tipo de restricciones no solo plantea desafíos regulatorios, sino que también podría vulnerar derechos fundamentales vinculados a la libertad de código y de expresión en el entorno digital.
La propuesta demócrata para crear una lista restringida de protocolos DeFi marca un punto clave en la regulación cripto de Estados Unidos. Si avanza, redefinirá los límites legales del sector; si no, reforzará una visión más abierta a la innovación.
En última instancia, lo que está en juego es el liderazgo tecnológico de Estados Unidos frente a otras jurisdicciones más audaces y competitivas en el desarrollo de soluciones Web3.
